Por Ramón Alonso Dugarte*.
El “costo político” es uno de esos conceptos complicados a la hora de
definir, de hecho en ocasiones está a nivel de
aquellas “leyes” no escritas de la política. Una serie de principios que
te enseña la misma actividad referente con lo que se tiene y no se tiene que hacer, acoplándose a la "idiosincrasia" del “pueblo”. Al intentar a priori dar una definición podríamos decir que está más cerca de ciertas acciones que el
político debe y no debe -según sus cuentas- hacer en diversos planos, pareciera que allí está más vigente
que nunca la 3era Ley de Newton: “toda acción tiene una reacción” (en su
definición más vulgar). Entonces, el costo político tiene
que ver con decisiones/acciones. Por eso es
que algunos relacionan la política con el ajedrez.
Sabemos que ciertas decisiones tendrán sus consecuencias, pero de qué consecuencias hablamos. En una democracia normal (si es que existe) el costo político irá relacionado con la factura electoral. De hecho lo más común es escuchar de analistas en escenarios preelectorales o postelectorales sobre ciertas decisiones que podrían “pasar factura” o en su defecto, pasaron factura.
Sabemos que ciertas decisiones tendrán sus consecuencias, pero de qué consecuencias hablamos. En una democracia normal (si es que existe) el costo político irá relacionado con la factura electoral. De hecho lo más común es escuchar de analistas en escenarios preelectorales o postelectorales sobre ciertas decisiones que podrían “pasar factura” o en su defecto, pasaron factura.
Ahora bien, en la Venezuela de los últimos años se
llegó a aparejar el costo político con hipocresía: siempre decir, y en pocas
ocasiones hacer, lo que quiere el pueblo para mantenerlos contentos, pero en
nada tiene que ver eso con eficiencia y eficacia que al fin de cuentas sería lo
que evitaría el malestar de la colectividad. También estuvo parejo el concepto a la inacción
del gobierno: “eso, por ahora, NO lo haremos por el costo político que pudiera ocasionar”. Cualquiera
se preguntaría: ¿cuál puede ser el costo político del mal manejo de la economía
de Maduro? Peor aún, nos podemos llegar a preguntar: ¿Al gobierno le importa el
costo político de sus acciones?
Es por ello que paralelamente a esta idea, en la Venezuela de los últimos años fue agarrando fuerza otro concepto importante: “control político”. Cuando se tiene el
control político, más cercano al neototalitarismo, no importa tomar malas
decisiones porque controlas la “verdad”, da igual la excusa que se dé, si se
dice que un ataque electromagnético causó el apagón, esa es la verdad, por más
pruebas que demuestren que fue por: no contar con personal calificado, falta de
inversión y una galopante corrupción. En un escenario donde el ámbito electoral no parece ser el temido, porque se tiene controlado, el costo político se anula.
Entonces surge nuevamente una pregunta: si al
gobierno no le importa el costo político, ya que tiene el control político: ¿Por
qué no tomó los correctivos en materia económica, social, política, etc.? Lo
cual hubiera disminuido, en alguna medida, el malestar de la población y
por ende el costo político que se traduce en rechazo a cualquier medida
gubernamental.
Construyendo otra lógica política que los "beneficios" no sean discrecionales, que abarquen a mayor cantidad de personas, y no la lógica antigua de despedir de los cargos a alguien que no “esté con nosotros” o cerrarles otras puertas. En los últimos años se ha aumentado el radicalismo: están conmigo o contra mí. En donde criticar, denunciar y protestar se ha castigado con no otorgar “beneficios sociales” (comida, servicios, etc), cárcel o hasta la muerte. La regularidad de los “beneficios” ha sido para “la dirigencia”, aquellos que muestran lealtad (utilitarismo). Hay una política de contundencia en el radicalismo para afianzar el control.
Construyendo otra lógica política que los "beneficios" no sean discrecionales, que abarquen a mayor cantidad de personas, y no la lógica antigua de despedir de los cargos a alguien que no “esté con nosotros” o cerrarles otras puertas. En los últimos años se ha aumentado el radicalismo: están conmigo o contra mí. En donde criticar, denunciar y protestar se ha castigado con no otorgar “beneficios sociales” (comida, servicios, etc), cárcel o hasta la muerte. La regularidad de los “beneficios” ha sido para “la dirigencia”, aquellos que muestran lealtad (utilitarismo). Hay una política de contundencia en el radicalismo para afianzar el control.
Volviendo al concepto de costo político, uno de los
casos más emblemáticos ha sido el precio de la gasolina, está de más ahondar en
que el subsidio de la gasolina desangra cada vez más al país, generando
especialmente despilfarro y contrabando. Igualmente está estudiado que con los
precios actuales un aumento no tendría gran impacto en la estructura de costo, opuestamente,
con ese dinero se pudiera financiar “el gasto público”. Además, dicho subsidio es
un beneficio muy regresivo en términos de distribución del ingreso, porque los
más pobres no tienen automóvil. Pero todos sabemos la respuesta: no se aumentó
porque gasolina es “inflamable” y subir su precio tendría un inmenso costo
político.
En el 2018 el gobierno de Maduro realizó un censo a través del carnet de la patria para tal efecto. Sin embargo, no llegó a concretarse. ¿Por qué no aumentó los precios de la gasolina? Si estamos de acuerdo con que ajustar el precio de la gasolina es una necesidad, podemos aceptar que en estos momentos no tendría gran “costo político”. Rafael Caldera (segundo mandato) aumentó su precio en 1996 y Nicolás Maduro hizo lo propio en el 2016 y no se incendió el país.
En el motivo del por qué en el 2018 no se elevó el precio se abren algunas hipótesis, entre ellas la que más fuerza cobra es la que reza: “no se tocan algunos aspectos no por el costo político sino para beneficiar a las mafias corruptas”. Ya que esos réditos irían a favor del círculo de poder más cercano al gobierno y se busca no afectar a las mafias "leales". Entonces, algunas decisiones en Venezuela no se tomaron o no se han tomado, no tanto por el “costo político” ya que se tiene “control” y no se teme a unas elecciones, sino para no afectar la corrupción y las mafias que son las que mantienen al régimen de Maduro.
*Licenciado en Historia y Politólogo. Universidad de Los Andes (Venezuela).
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